Las pymes pagan más impuestos que las grandes empresas, una alerta del Observatorio Fiscal

En medio de la discusión sobre la nueva reforma tributaria, un informe del Observatorio Fiscal revela desigualdades en el sistema tributario colombiano. La profesora Liliana Heredia, directora de tributación del Observatorio Fiscal de la Pontificia Universidad Javeriana, advirtió que mientras las pequeñas y medianas empresas (pymes) enfrentan cargas tributarias en impuesto de renta, de hasta el 29 %, las grandes corporaciones logran tasas efectivas cercanas al 22 %, gracias a beneficios y exenciones que generan un hueco fiscal millonario.

“Cuando nosotros calculamos tasa efectiva por tamaño empresarial encontramos que las medianas tienen tasas del 28 al 29 % y las más grandes del 22 % o 23 %. Eso significa que las empresas con más músculo financiero pagan proporcionalmente menos impuestos que las pequeñas, que son las que más empleo generan en el país”, señaló la Doctora en Estado de Derecho y Gobernanza Global.

El informe estima que si todas las compañías pagaran al menos la tasa promedio del 23 %, el Estado podría recaudar entre 14 y 17 billones de pesos adicionales. “Ni siquiera estamos hablando de la tasa nominal del 35 %, sino del 23 % promedio. Con eso se lograría un mayor recaudo”, explicó la investigadora.

Heredia cuestionó que, en vez de revisar a fondo los beneficios tributarios, el Gobierno opte por nuevas reformas. “Siempre vuelve la duda: por qué más impuestos si quitando beneficios y teniendo tasas efectivas más altas se podría recaudar más”.

Uno de los puntos más polémicos son las zonas francas uniempresariales, que permiten a una sola compañía acceder a un régimen preferencial con una tarifa de renta del 20 %. “Eso solo está disponible para empresas muy grandes, capaces de hacer una inversión enorme. Y uno se pregunta si realmente necesitan esos beneficios”, cuestionó la profesora del Departamento de Gestión de Organizaciones de la Javeriana Cali.

También advirtió sobre el impacto en la percepción de justicia tributaria, “cuando la gente siente que quienes tienen más capacidad económica pagan menos, se genera desánimo al pago y desconfianza en la institucionalidad”.

Por otro lado, de acuerdo con la académica, el presupuesto nacional actual tiene un faltante de $26,3 billones de pesos, lo que pone en riesgo la inversión en áreas esenciales como educación, salud y saneamiento básico. “Menor recaudo significa menos  ingresos para el Estado y menos inversión social”, afirmó.

De no aprobarse la ley de financiamiento, el país podría enfrentar un escenario similar al del año pasado, cuando el presupuesto se expidió por decreto y posteriormente fue necesario un recorte. “Sería como un déjà vu”, advirtió.

La profesora investigadora también señaló que desmontar los beneficios tributarios es difícil por tres razones, la falta de estudios que demuestren su utilidad, el lobby de sectores poderosos y las demandas ante la Corte Constitucional, que suele proteger los llamados derechos adquiridos. “Estamos hablando de beneficios que duran 20, 30 renovables, que el Estado no puede eliminar por esa figura”, explicó.

Además, el IVA representa uno de los mayores huecos fiscales, pero cualquier intento de reformarlo genera rechazo social por su carácter regresivo. “No se puede decir mañana pongamos IVA del 19 % a todo, incluida la canasta familiar. Eso afectaría a los hogares más pobres”.

Para la experta, la solución pasa por una reforma estructural concertada, gradual y estable. “Lo que más preocupa a los empresarios no es la tasa en sí, sino la inestabilidad. Que hoy les digan una cosa y mañana otra. Esa fluctuación normativa sí genera malestar”, aseguró.

Finalmente, hizo un llamado a la ciudadanía. “Al menos deberíamos exigir que se publiquen los estudios que justifican esos beneficios, para saber si realmente cumplen su propósito. No se trata de satanizarlos, sino de revisar cuáles sirven y cuáles no”.